La Legislatura suspendió las ejecuciones prendarias en La Rioja
El proyecto fue impulsado por la diputada Lourdes Ortiz en el marco de la declaración de emergencia económica. El bloque de LLA rechazó la iniciativa y advirtió que podría ser inconstitucional por avanzar sobre legislación nacional y afectar las condiciones del crédito en la provincia.
La Legislatura de La Rioja aprobó este miércoles la suspensión por 180 días de las ejecuciones prendarias, durante la octava sesión del 141° período legislativo, en el marco de la declaración de emergencia vigente en la provincia.
El proyecto fue presentado por la diputada Lourdes Ortiz y plantea una medida de protección frente a los procesos de ejecución de bienes utilizados como garantía de créditos, en un contexto marcado por el endeudamiento de las familias riojanas y las dificultades para afrontar compromisos financieros.
La iniciativa generó el rechazo del bloque de La Libertad Avanza (LLA), cuyos legisladores cuestionaron su constitucionalidad y advirtieron sobre las posibles consecuencias que podría tener para el sistema crediticio provincial.
La discusión por la constitucionalidad
Durante el tratamiento, desde LLA sostuvieron que la medida entra en conflicto con la legislación nacional y que la regulación de fondo vinculada con las obligaciones crediticias y las garantías prendarias excede las competencias de la Legislatura provincial.
El bloque opositor planteó, en ese sentido, que la provincia estaría avanzando sobre una materia regulada por normas nacionales y cuestionó la validez constitucional de la iniciativa y propuso elaborar un proyecto de ley para ser enviado por los legisladores nacionales para su tratamiento en el Congreso Nacional, al no desconocer la situación de endeudamiento de las familias.
Otro de los argumentos expuestos durante el debate estuvo relacionado con las posibles consecuencias sobre el acceso al financiamiento.
Desde LLA advirtieron que una modificación de las condiciones bajo las cuales se ejecutan las garantías podría generar incertidumbre para las entidades financieras y afectar la disposición a otorgar nuevos créditos en la provincia.
Ese planteo fue uno de los principales puntos de controversia durante el tratamiento del proyecto.
Una medida en el marco de la emergencia
La iniciativa fue impulsada en el contexto de la declaración de emergencia y busca establecer un mecanismo de protección para quienes enfrentan procesos de ejecución prendaria.
La medida aprobada este miércoles abriría así una discusión que combina protección de los deudores, emergencia económica, competencias provinciales y condiciones para el acceso al crédito.
La misma contempla a personas humanas y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) con domicilio real o legal en la provincia, con el objetivo de evitar que la ejecución de bienes esenciales profundice las dificultades económicas de familias y sectores productivos.
Según los fundamentos, la caída de la actividad económica, la pérdida del poder adquisitivo, la retracción del consumo y el incremento de los costos financieros generaron mayores dificultades para afrontar obligaciones asumidas, con el consecuente riesgo de ejecuciones judiciales.
La medida alcanza tanto a nuevos procesos de ejecución prendaria como a aquellos que ya se encuentren en trámite, independientemente del estado procesal en el que se encuentren.
De esta manera, durante el período de suspensión no podrían iniciarse nuevas ejecuciones ni avanzar las causas judiciales existentes vinculadas con las garantías comprendidas por la norma.
No se condonan las deudas
Uno de los puntos centrales del proyecto es que la suspensión no implicaría la eliminación ni modificación de las obligaciones contraídas.
El acreedor conserva sus derechos y acciones para reclamar el pago una vez finalizado el período de 180 días. La iniciativa tampoco contempla una condonación, novación o extinción de las deudas.
